COL·LECTIU AGENTS MEDIAMBIENTALS
Comunitat Valenciana

VÍAS PECUARIAS-JURISPRUDENCIA

                  

JURISPRUDENCIA  

  LA CLASIFICACIÓN: RECONOCIMIENTO LEGAL DE EXISTENCIA Y TRAZADO                       

 

►Tribunal Supremo. Sala III de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia de 22/abril/2009:

...  La preexistencia fáctica de las vías pecuarias y el conocimiento público de su existencia bastan para el ejercicio de determinadas potestades públicas sobre el dominio público cañadiego según reiterada jurisprudencia (entre otras, SSTS, de 17 de abril de 1956 y 18 de octubre de 1958 ), sin perjuicio de que en ocasiones la jurisprudencia haya exigido la clasificación previa ( SSTS, de 22 de marzo de 1990 y 14 de noviembre de 1995 ), y aún el deslinde, SSTS, de 19 de mayo de 1936 y 19 de enero de 1987 , por tratarse de supuestos en los que la demanialidad y la propia existencia de la vía pecuaria no estaba clara [...]  En este mismo sentido la sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª de 14 noviembre 1995, Ponente Don Antonio Martí García, que era citada en la anterior y en la que se decía que: [...] su existencia surge de la propia clasificación y deslinde, que la administración del estado hizo, en la forma y momento que las actuaciones muestran.
[Roj: STS 2108/2009. Id Cendoj: 28079130052009100149. Contencioso. Sección: 5. Nº de Recurso: 8881/2004. RECURSO CASACIÓN. Ponente: P.J. YAGÜE GIL]

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Tribunal Supremo. Sala III de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia de 27/marzo/2013:
Sexto.—El motivo segundo tampoco puede ser acogido, pues en contra de lo alegado por la recurrente, la potestad de recuperación para el uso público de la vía pecuaria, así como su integridad, no requiere la aprobación del previo deslinde, pues no debe obviarse que la potestad ejercida por la Administración es la de recuperación posesoria, o "interdictum propium", cuyo ejercicio legítimo requiere de la previa posesión, sin que sea el momento del examen pormenorizado del alcance de los títulos de propiedad de los colindantes, pues tales cuestiones tienen su lugar propio en la tramitación del procedimiento de deslinde, en el que los colindantes deben ser preceptivamente llamados al expediente y en el que podrán ejercer, en defensa de sus derechos, las acciones administrativas y civiles a las que más adelante nos referiremos. / Hemos visto antes que, con arreglo al articulo 7 de la Ley 3/1995, estatal de Vías Pecuarias, precepto de naturaleza básica, la Clasificación de las vías pecuarias determina la existencia de las mismas, así como sus características básicas, en cuando a anchura y trazado, y, en el concreto caso de la vía pecuaria litigiosa, su Clasificación estaba aprobada por Orden Ministerial de 31 de enero de 1955, siendo suficiente, para el ejercicio de la potestad de recuperación ejercida, los efectos propios del acto aprobatorio de la Clasificación; también hemos señalado que el ejercicio de tal potestad se convierte en un deber por parte de la Administración titular del bien. / En estas condiciones, no cabe duda de que los efectos propios de acto de Clasificación permiten a la Administración titular del bien ordenar la reposición del mismo al estado anterior al inicio de las obras de urbanización, sin perjuicio, obvio es, que será cuando se apruebe el deslinde de la vía cuando quedarán perfectamente definidos los contornos de la misma respecto de las fincas colindantes y las posibles intrusiones habidas en ella. / La orden de ejecución impugnada ordena la reposición de un bien alterado como consecuencia de una actuación urbanizadora reciente, que se efectuó a sabiendas de que afectaba a una vía pecuaria. La circunstancia de que el resultado final que se pretende conseguir con la reposición sea precisamente la vuelta a la situación física reciente de los terrenos determina que con ello no se afecta la situación posesoria de los terrenos afectados. Diferente sería el supuesto, hipotético, pero que no es el caso, de que la reposición ordenara la demolición de edificaciones, vallas o instalaciones ejecutados en fechas remotas y cuya posesión hubiera sido pacífica por parte de los colindantes, en cuyo caso, sí aparece preciso la aprobación del deslinde previo.
[Roj: STS 1480/2013. Id Cendoj: 28079130052013100109.  Tribunal Supremo. Contencioso. Sección: 5. Nº de Recurso: 693/2011. CASACIÓN. Ponente: R. FDZ VALVERDE
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ANCHURA LEGAL  vs  ANCHURA REDUCIDA                                                                              

►Tribunal Supremo Sala III de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia de 19/mayo/2010: ... La Junta de Andalucía sostiene que la vía pecuaria clasificada en el año 1958 es la cañada real de L
ora a las minas El Pedroso y Cazalla", con una anchura de 75'22 metros, de manera que la referencia que hace esa clasificación de 1958 a la reducción de la anchura de dicha vía no pasa de ser una propuesta de futuro (" se reducirá "), que, por lo demás, resulta incompatible con la vigente Ley de Vías Pecuarias; de ahí la necesidad de interpretar el acto de clasificación de conformidad con esa normativa posterior. Pues bien, ese razonamiento de la Junta de Andalucía no puede ser acogido. La argumentación de la Junta de Andalucía tiene un importante punto débil. Sucede que para determinar el significado y alcance de lo que se decidió en la Orden de clasificación de 1958 debe acudirse, antes que nada, a la normativa que estaba vigente entonces, pues ese es el régimen jurídico al que la Administración autora de la clasificación debía sujetar su actuación en aquel momento. [...] De los preceptos transcritos se desprende, en lo que aquí interesa, que en el Reglamento de Vías Pecuarias de 1944 la propia Orden aprobatoria de la clasificación debía señalar las vías pecuarias que se consideraban ya innecesarias o excesivas, con la consiguiente reducción de su anchura en este segundo caso,[...] sin que para atribuirles esa consideración de terrenos innecesarios o sobrantes hubiese que tramitar un procedimiento específico y distinto al de la clasificación, como el que luego se regularía en el Reglamento de Vías Pecuarias aprobado por Real Decreto 2876/1978, de 3 de noviembre (artículos 90 y 94 a 96, puestos en relación con los artículos 16, 34 y 48 del citado Reglamento de 1978 ). Así las cosas, en la Orden de 6 de junio de 1958 por la que se aprobó la clasificación de vías pecuarias es clara la decisión de reducir la anchura de la denominada cañada real de Lora a las minas El Pedroso y Cazalla y de asignar a dicha vía pecuaria la anchura propia de una vereda . Y no se trataba de una mera propuesta de futuro sino de una efectiva determinación del propio acto de clasificación, pues así podía y debía hacerse conforme a los preceptos del Reglamento de Vías Pecuarias de 1944 [...] Por tanto, la delimitación realizada en el acto de deslinde debe ser considerada contraria a derecho debido a que toma como premisa una anchura de la vía pecuaria de 75'22 metros siendo así que la anchura aprobada en el acto de la clasificación fue de 20'89 metros.
[Roj: STS 2523/2010-. Id Cendoj: 28079130052010100178. Tribunal Supremo. Contencioso. Sección: 5. Nº de Recurso: 2839/2006. CASACIÓN. Ponente: E. CALVO ROJAS]